El mundo enfrenta hoy uno de los desafíos políticos más serios de su historia moderna. Asistimos a la combinación de la peor recesión internacional desde hace más de medio siglo, con una crisis ambiental sin precedentes debido al cambio climático y el calentamiento global, y una crisis de liderazgo político global.
Sin embargo, no estamos ante una situación sin salida. Por el contrario, estamos también ante una oportunidad sin precedentes para cambiar el rumbo de la historia, por lo que somos numerosos los líderes internacionales que nos estamos movilizando, entre los cuales algunos nos reuniremos este fin de semana en Chile para promover una respuesta progresista a la crisis global.
La crisis se debe a que, a pesar de que vivimos en una era de completa interdependencia entre lo nacional y lo global, la comunidad internacional no ha sabido o no ha querido construir los acuerdos necesarios para dar gobernabilidad a la globalización, creyendo que los mercados nacionales y globales podían funcionar sin regulaciones poderosas, o que el mundo podía ser gobernado unilateralmente por la voluntad del más fuerte. De esta manera, el interés privado de unos pocos terminó imponiéndose sobre el interés general de la humanidad.
La crisis puede ser encarada, entonces, como una gran oportunidad para sentar las bases de una segunda etapa de la globalización. Una era marcada por la prosperidad de todos y no sólo de algunos; por la voluntad de concordar y respetar reglas claras, adoptadas multilateral y democráticamente; por mercados más abiertos, dinámicos y vigorosos; con Estados fuertes; una era construida sobre un paradigma económico sustentable.
Por sobre todas las cosas, la crisis nos ofrece una oportunidad histórica para reinstalar la política y lo público en el centro del quehacer internacional. Podemos forjar un nuevo contrato social global, porque el siglo XXI o lo gobernaremos entre todos, o no lo gobernará nadie.
La próxima reunión del G-20 será decisiva en este esfuerzo, pero es necesario un esfuerzo aún más ambicioso. Una respuesta política a la crisis exige un conjunto equilibrado de políticas públicas globales que estabilicen el sistema financiero y reactiven la economía; pero que también prioricen la creación de empleo y eviten un desplome social global fortaleciendo la protección social; que aseguren una recuperación verde, y aceleren el tránsito hacia una economía menos contaminante que detenga el calentamiento global.
De la reunión del G-20 debe resultar una rápida coordinación de las políticas fiscales indispensables para contener el colapso de la demanda mundial. Si no hay coordinación, arriesgamos un empeoramiento de los desequilibrios de cuenta corriente que contribuyeron a la crisis y una creciente demanda por un mayor proteccionismo, lo que profundizaría y prolongaría aún más la recesión. También es necesaria una profunda reforma del Fondo Monetario Internacional, recapitalizarlo y otorgarle una gobernanza más democrática, e inyectar recursos suficientes a los bancos regionales de desarrollo para que sean instrumentos efectivos para enfrentar la crisis en los países que más lo necesitan.
El desplome económico no puede ser seguido por el desplome social. Si no actuamos hoy con una nueva mirada, la crisis profundizará aún más la desigualdad, que la globalización había agudizado en las últimas décadas. No se deben exigir las mismas políticas de ajuste que en décadas anteriores a los países emergentes y en desarrollo, especialmente ante una crisis originada por el mundo desarrollado.
Por el contrario, esta vez es necesario impulsar globalmente políticas contracíclicas que prioricen la creación de empleo y fortalezcan la protección social, y se debe incrementar la cooperación internacional para los países en desarrollo. Es urgente un nuevo ímpetu para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La crisis internacional no puede ser tampoco una excusa para detener o postergar la movilización internacional contra el calentamiento global. Es imperativo alcanzar un acuerdo post-Kyoto en la próxima Conferencia de Copenhague de Naciones Unidas.
Pero podemos ir más allá, si modificamos los enfoques de corto plazo y forjamos un nuevo acuerdo ambiental global que siente las bases para una economía global de bajas emisiones. Si no lo hacemos, retardaremos la adopción de las medidas inevitables que deberán ser adoptados en el futuro a un coste económico, ambiental, social y político considerablemente más alto.
La acción para enfrentar el cambio climático puede y debe ser uno de los componentes centrales de la respuesta global a la crisis. Si un porcentaje importante de los trillones de dólares que están siendo movilizados son dirigidos a inversiones en tecnologías limpias, podremos poner en marcha hoy una respuesta internacional que nos permita, simultáneamente, crear empleo decente para millones de personas, disminuir el riesgo ambiental y reducir la pobreza, así como acelerar el paso hacia sociedades más innovadoras y menos dependientes de los combustibles fósiles. En definitiva, podremos encaminar al mundo hacia una recuperación verde y ahorrarnos décadas de lucha contra el cambio climático.
